Uganda, 3 de abril, con el pretexto de que sus reuniones contribuyen a la propagación de la COVID-19, detienen a militantes en la sede de su asociación para la defensa de los derechos LGBT. En Nigeria, la comisión nacional de derechos humanos contabilizaba, al 20 de abril, no menos de dieciocho civiles muertos por el accionar de las fuerzas del orden tras violar el toque de queda impuesto para reducir la propagación de la epidemia. En Montreal, se emitieron multas de 1546 dólares canadienses a jóvenes en situación de calle por no haber respetado las consignas de distanciamiento social. A principios de mayo, en Suiza, dos trabajadoras sexuales transgénero fueron encarceladas por haber violado la disposición COVID-19 que les prohibía cualquier interacción con clientes. 

​La constatación es alarmante: la COVID-19 no solo deja expuestas desigualdades sociales sino que también está provocando, en diversos grados, un resurgimiento del autoritarismo de Estado en varios países, abarcando a algunos de los considerados más democráticos. Escudándose en imperativos de salud pública, ciertos gobiernos promulgan medidas y leyes de excepción que atentan contra los derechos fundamentales de comunidades ya de por sí fuertemente estigmatizadas y precarizadas.

La plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition Plus, cuya sede es Kimirina, organizó una consulta regional del 27 al 29 de mayo pasado, conjuntamente con la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento de Latinoamérica y El Caribe (ITPC-LATCA), ambas redes, preocupadas por conocer desde la mirada de la respuesta de la sociedad civil sobre la situación en nuestros diferentes países sobre el acceso a los ARV y los sistemas de seguridad social.

Sustentadas en una preocupación común sobre la seguridad social, como una instancia que ha demostrado falencias en la provisión de TARV y en el monitoreo clínico adecuado a las PVVS afiliados a su sistema en la mayoría de países, aspectos tales,  y en época de epidemia de coronavirus, las personas viviendo con VIH y las afectadas por este virus, estas circunstancias,  han profundizado las condiciones de desprotección social, inequidad y potencial irrespeto o directamente violación  a sus derechos humanos.

El 27-28 y 29 de mayo se llevó a cabo la consulta regional para conocer el estado de situación de las respuestas nacionales frente al VIH en América Latina y el Caribe, con énfasis en la respuesta de los sistemas de seguridad social, y el sistema comunitario durante la pandemia del COVID-19.

La consulta que se dio de manera virtual fue organizada por la Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition PLUS bajo la coordinación de la Corporación Kimirina, red regional compuesta por asociaciones comunitarias de la región de las Américas y el Caribe, involucradas en la lucha contra el VIH y las hepatitis virales y por el respeto de los derechos de las poblaciones más afectadas, en coordinación con la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento Latinoamérica y El Caribe (ITPC-LATCA), red global de personas viviendo con VIH y personas o entidades que les apoyan dedicadas a asegurar el acceso a tratamiento, cuidado y servicios de calidad a todas las personas viviendo con VIH y comunidades marginadas.

La pandemia del COVID ha sacudido al mundo, desestabilizándolo social y económicamente. Hemos sido testigos de que los sistemas de salud global han colapsado, además de responder adecuadamente o no al verdadero reto que ha venido enfrentando el Ecuador desde que el pasado 16 de marzo el Comité de Operaciones Especiales (COE) impuso el aislamiento social obligatorio, incluyendo la Declaración de Emergencia Nacional emitida por la Presidencia de la República y las restricciones a la movilidad de los ciudadanos a través del toque de queda.

El Ecuador, se sumó a la propuesta global de: “Quédate en Casa”, en un escenario, en el que el país enfrenta una profunda crisis económica, del sector salud, crecimiento de los niveles de pobreza, entre otras causas estructurales que afectan de diversa manera a los distintos estratos productivos y sociales, todo esto agravado por la sistemática y endémica corrupción imperante, la misma que se hace más evidente en las épocas de crisis.