El 27-28 y 29 de mayo se llevó a cabo la consulta regional para conocer el estado de situación de las respuestas nacionales frente al VIH en América Latina y el Caribe, con énfasis en la respuesta de los sistemas de seguridad social, y el sistema comunitario durante la pandemia del COVID-19.

La consulta que se dio de manera virtual fue organizada por la Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition PLUS bajo la coordinación de la Corporación Kimirina, red regional compuesta por asociaciones comunitarias de la región de las Américas y el Caribe, involucradas en la lucha contra el VIH y las hepatitis virales y por el respeto de los derechos de las poblaciones más afectadas, en coordinación con la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento Latinoamérica y El Caribe (ITPC-LATCA), red global de personas viviendo con VIH y personas o entidades que les apoyan dedicadas a asegurar el acceso a tratamiento, cuidado y servicios de calidad a todas las personas viviendo con VIH y comunidades marginadas.

La consulta contó con la amplia participación de varios actores claves representantes de redes regionales como: REDLA+, REDCA+, RED DE JOVENES, ALEP/ITPC-LATCA, REDNAJECER, LACCASO,    DVVIMSS ,CORRESPONSALES CLAVE,  COQSIDA, AIDES, y otros socios de la PFAC de distintos países de la región que trabajan en la respuesta comunitaria al VIH quienes compartieron información sobre la situación y respuesta actual en materia de prevención y atención del VIH a nivel de país y de la región, durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19.  En la reunión, también estuvieron presentes representantes de organismos regionales e internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Y el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) quienes dieron su retroalimentación frente a los retos y oportunidades que vivimos en la región en tiempos de COVID-19.

La pandemia del COVID-19 llegó a visibilizar la desigualdad e inequidad que existe en la región. Un común denominador que se visibilizó, fue, la precariedad de los sistemas de salud, que se han visto desbordados a raíz de la epidemia del COVID-19. Esto ha tenido un impacto enorme en la vida de las personas, en especial los grupos más vulnerables como son las personas que viven con VIH, las personas Transfemeninas, las mujeres trabajadoras sexuales, las comunidades LGBTI, las personas privadas de la libertad y las personas en movilidad humana, quienes han quedado fuera de las políticas y planes de respuesta de los gobiernos.

 

 

Esta consulta permitió poner a la luz algunos desafíos en común que tienen los países de la región en relación a la respuesta al VIH en tiempos de COVID-19:  

Los sistemas de salud emitieron protocolos de atención a los PVVS en tiempos de emergencia, muchos de los servicios de atención para las personas que viven con VIH se encuentran suspendidos, incluido los sistemas comunitarios dadas las medidas de restricción impuesta por los países. Persisten barreras para el acceso a la prueba de VIH, carga viral, CD4.

Los servicios de prevención de VIH es muchos países se han suspendido y los sistemas de salud están concentrados en responder a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, dejando a un lado muchas enfermedades incluido el VIH, además de que las medidas de restricción que han sido adoptadas en muchos países de la región para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19 no tomaron en cuenta las necesidades específicas de algunas poblaciones y el efecto que este iba a tener en su vida, su salud y su situación socio-económica:

En la mayoría de países, los gobiernos con el fin de frenar los contagios, dispusieron días específicos para la libre circulación de las personas, diferenciando entre mujeres y hombres, lo que resultó discriminatorio en contra de las personas trans y de género diverso. Otro aspecto agravante también fue que las medidas de aislamiento social obligatorio y los toques de queda han tenido un gran impacto en las mujeres trans trabajadoras sexuales y las mujeres trabajadoras sexuales, quienes se han visto limitadas a ejercer su trabajo.  Las poblaciones claves han sido fuertemente impactas por el desempleo, la pobreza (la mayoría trabaja en el sector informal) y enfrentan severas dificultades en términos de vivienda y alimentación entre otras causas.

 

Aún los países no tienen las cifras claras en cuanto al impacto del COVID-19 en sus comunidades y de manera particular con relación a las personas viviendo con el VIH (número de contagiados y fallecidos), y las estadísticas muestran inconsistencias significativas que no permiten evidenciar la verdadera dimensión del impacto de la epidemia.

El COVID-19 ha establecido un escenario que agrava la situación socio-económica de los países, debido a las medidas de aislamiento social, ha potenciado no solo la pérdida del empleo y el aumento del trabajo informal, lo que afecta a las PVVS potencialmente teniendo que abandonar su tratamiento.

Con relación a la Seguridad Social, algunos Institutos de Seguridad Social de la región, a excepción de Costa Rica y México, no están alineados ni cumplen las normas nacionales en cuanto al tratamiento antirretroviral (TARV), manejan sus propios esquemas fuera de los lineamientos técnicos nacionales y tienen proveedores propios que no garantizan los stocks requeridos y sus adquisiciones son de alto costo, en comparación con las compras nacionales, lo que ha traído como consecuencia que los  países, se ha evidenciado (incluso antes de la pandemia del COVID-19) Interrupciones sistemáticas de TARV que afectan a un porcentaje significativo de PVVS afiliadas

Pese a los desafíos que se vive en la región, las organizaciones comunitarias han jugado un importante rol en garantizar la continuidad de los servicios de atención y prevención de VIH, y sobre todo, en apoyar y acompañar a las poblaciones más vulnerables que se han visto severamente afectadas por la pandemia, manteniendo sus servicios en: Continuar la atención de los servicios a través de la telemedicina,  la entrega de medicamentos ARVS de forma domiciliaria, continuación de los programas de diagnóstico y de prevención, asesoría a través de redes sociales,  apoyo en salud mental de manera virtual y la gestión y entrega de ayuda humanitaria, alimentación y kits de higiene para los grupos más vulnerables incluidas las personas en movilidad humana.

La consulta concluyó con una serie de recomendaciones, las mismas que servirán a la sociedad civil organizada en la respuesta frente al VIH el desarrollo de acciones de incidencia política, entre otras:

  • Hacer un llamado de atención a los Institutos de Seguridad Social para que se alineen con las políticas nacionales como las Guías de Práctica Clínica para la prevención, atención y tratamiento del VIH, así como también al sistema de compras unificado para con ello evitar las rupturas de stock y el pago de sobre precios por el costo de los ARV.
  • La urgencia que se reactiven todos los servicios de prevención del VIH, cuidado y tratamiento del VIH y asegurar a las poblaciones claves frente al VIH el acceso a dichos servicios.
  • Es imperativo que se continúe con el tamizaje de las pruebas de VIH, ITS, Hepatitis virales y el inicio del tratamiento antirretroviral para el VIH.
  • Es fundamental que se creen políticas de protección social para las poblaciones más vulnerables, particularmente las PVVS, las personas LGBTI, mujeres trabajadoras sexuales, entre otros y que sean tomadas como poblaciones prioritarias de atención en el caso de emergencias.
  • No dejar atrás a las poblaciones en situación de calle y a las personas en movilidad humana, considerando todas las medidas de ayuda humanitaria consideradas como necesarias.
  • Impulsar procesos de cohesión y articulación entre los diversos actores de la respuesta frente al VIH para el desarrollo de acciones orientadas al logro de políticas y programas, para el trabajo de la prevención combinada del VIH y el alcance de los objetivos comprometidos por los países y la región 90-90-90 de ONUSIDA y adoptados por los ODS para lograr al 2030 cero muertes por causa del SIDA y a reducción de las nuevas infecciones por el VIH.
  • Exigir que los compromisos asumidos por la cooperación internacional para el desarrollo y en particular la cooperación Sur-Sur, entre los países desarrollados y los de renta media o baja se revisen, y se activen para responder de manera efectiva al actual escenario de crisis generalizada en la región, sin abandonar los Objetivos de la Agenda 2030 y apoyando la participación de la sociedad civil.

 

Autores:

César Bonifaz – Coordinador Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition Plus

Paola Sánchez – Derechos Humanos Corporación Kimirina